El mito de la Reforma Penal

T. J. Gómez 

Quedan poco más de 200 días para que en Guerrero, como en todo el país, entre en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

 Las instituciones de seguridad y procuración de justicia, bien o mal, casi sin recursos y con asesoría federal, están afinando sus procesos y capacitando a su personal al para poder subirse a la ola del nuevo sistema penal.

Pero la pregunta real es: ¿qué tanto estará preparada la sociedad para esa transición?. 

A partir de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión desde el 18 de junio de 2008, la Constitución de la República considera diferentes formas de proceder en materia penal, dejando en él pasado la averiguación previa y quitándole a la declaración verbal la categoría de la reina de las pruebas.

Por el contrario, establece mecanismos alternos de solución de controversias; la mediación de conflictos, el procedimiento de terminación anticipada; y por último, del procedimiento ordinario.

Pero eso muy pocos lo saben. Básicamente la atención y la promoción se ha centrado en los llamados “juicios orales”, que se marca como la principal característica de la tan ambiciosa reforma constitucional. 

De acuerdo al proceso penal del nuevo sistema, el juicio oral es la última etapa del procedimiento ordinario; antes están las etapas de investigación e intermedia, en donde se pretende se ubiquen la mayor cantidad de casos que se solucionarán por medios alternos.

La idea, por lo menos en teoría, es que sean  muy pocos los casos que lleguen hasta la etapa de juicio oral, porque la finalidad es resolver los conflictos a través de mecanismos alternos o de manera anticipada, bajo la premisa de que las estadísticas indican que la mayor incidencia delictiva está en delitos menores en los que es factible un acuerdo entre las partes.

¿Pero acaso las instituciones estarán cumpliendo con la obligación de informar a la sociedad sobre las particularidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal?

Apenas la semana pasada se firmó un convenio entre diferentes instancias responsables de la implementación de la reforma penal, con el fin de garantizar que en el proceso los pueblos originarios estarán incluidos. ¿Pero qué pasa en estados como Guerrero donde la justicia es uno de los derechos más negados para las etnias?

Si ha sido difícil durante los últimos 30 años la difusión y promoción de los derechos humanos para las etnias, y aun más su aplicación real, ¿que pasara con el nuevo sistema penal para el que restan poco mas de 200 días para su implementacion? 

Un reto mayúsculo esta resultando cambiar un sistema de justicia que ha imperado durante los últimos cien años. Es un nuevo paradigma que a muchos los trae de cabeza. Pero será un mayor reto explicarle a la sociedad que las denuncias o al es ya no existirán,  que los procesos cambian, que no necesariamente primero deben llegar los acusados a la cárcel para después demostrar si son inocentes o culpables.

El caos apenas viene. Y en lo que llega muchos mitos iremos escribiendo.

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